14/11/2024
Adorni informó que la expresidenta dejará de cobrar $ 21.827.624. Sin embargo, la decisión no depende del Poder Ejecutivo.

El Gobierno nacional informó este jueves que Cristina Fernández de Kirchner dejaría de cobrar su jubilación y la pensión por Néstor luego de quela Cámara Federal de Casación confirmó su condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que había dictado el Tribunal Federal Oral N° 2.
“Por orden del presidente Javier Milei y detrás del trabajo del Ministerio de Capital Humano, a través de Anses, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio que la ex presidenta Cristina Kirchner venía percibiendo tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner”, anunció el vocero presidencial.
El Gobierno nacional informó este jueves que Cristina Fernández de Kirchner dejaría de cobrar su jubilación y la pensión por Néstor luego de quela Cámara Federal de Casación confirmó su condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que había dictado el Tribunal Federal Oral N° 2.
“Por orden del presidente Javier Milei y detrás del trabajo del Ministerio de Capital Humano, a través de Anses, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio que la ex presidenta Cristina Kirchner venía percibiendo tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner”, anunció el vocero presidencial.
Sin embargo, la quita de este beneficio no depende ni del gobierno de Milei ni de la Anses.
“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, explicó Manuel Adorni, en conferencia de prensa, para informar la decisión.
Sin embargo, en ningún artículo de la ley se hace mención a que estos beneficios se darán de baja por causas penales ni que se trata de una contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo.
El artículo 29 de dicha ley establece un motivo para que el beneficiario pierda el régimen. “Los beneficios de esta ley, no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”, reza.
Cristina no tuvo un juicio político, por lo que la exvicepresidenta podrá iniciar una causa judicial para que le restablezcan la jubilación y la pensión.
Quita de la jubilación de privilegio y pensión: qué dice la ley
Los beneficios previsionales se otorgan mediante una resolución, un acto administrativo. Una vez que se pone en ejecución, produce efectos jurídicos. En este caso, el pago del haber.
Este acto adquiere una calidad de estabilidad lo que quiere decir que la propia administración –en este caso Anses– no puede dejarlo sin efecto. Sólo un Juez podría revertir la resolución y acto administrativo.
¿Qué quiere decir esto? Que para revertir la situación se debe ir a la Justicia y sólo un juez podría dejar sin efecto ese acto administrativo y consecuentemente los derechos derivados de el.
“Esto hace a una cuestión de una garantía constitucional que tenemos todos los ciudadanos”, aseguró Roberto Olmedo, abogado especialista en Derecho Administrativo, en diálogo con La Voz.
“El poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en cuestiones que son propias del poder Judicial. Es una garantía constitucional”, profundizó.
Según se desprende de las palabras del especialista, lo comunicado por el vocero presidencial no tendría efecto, al menos en las actuales condiciones. Desde la gestión libertaria dieron por hecho la quita de un privilegio que desde el punto de vista jurídico no tienen la facultad de aplicar de forma directa, dado que debe resolverse en tribunales. En ese sentido, el anuncio puede interpretarse como una “estrategia de marketing” política.
Ahora, el Estado nacional debe presentarse ante un juez para brindar los motivos para dejar sin efecto la jubilación y la pensión. En otras palabras: realizar una demanda.