25/06/2024
La Justicia busca determinar si el dirigente social realizó, mediante el dinero asignado a Polo Obrero y la cooperativa de Trabajo El Resplandor, compras a dos empresas cuyas facturas serían apócrifas
Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, declaró este martes ante la justicia de Comodoro Py en el marco de una causa que investiga una presunta administración fraudulenta de fondos que la organización social recibió del Estado como parte del Plan Potenciar Trabajo. Declarar a las 9 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, luego dio una conferencia de prensa en la que denunció una operación del Gobierno contra él y las organizaciones piqueteras que se organizan para luchar contra el plan económico de Javier Milei.
En diálogo con los medios dijo que le presentó al juez Sebastián Casanello “en una carpeta” absolutamente todo lo relativo a las presuntas “facturas truchas” y que, además, hicieron certificaciones privadas. “También denunciamos el escándalo de los allanamientos y de que medios de comunicación tuvieran datos personales de personas allanadas antes que los tuviera la Justicia”, expresó Belliboni y apuntó contra “una persecución que se inicia el 20 de diciembre, cuando la ministra (Patricia Bullirch prohíbe las movilizaciones populares”.
Belliboni también criticó la “inflación brutal” del Gobierno, la pobreza, la indigencia y el “abandono del Estado”. Por otra parte, insistió: “Creo que hemos podido explicar todo lo que el Juez quería saber” y “los que deben estar en el banquillo son los que escondieron los alimentos, los que sacaron los programas sociales a la gente por decir que pasaron la frontera de La Quiaca a Villasol”.
La Justicia busca determinar si el dirigente social realizó, mediante el dinero asignado a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, compras a dos empresas que habrían emitido facturas falsas.
En este sentido, se sospecha que el Polo Obrero usó facturación “apócrifa” y fingió “gastos no concretados” para tapar el verdadero uso de una parte importante de fondos recibidos por el Estado, según sostuvo Casanello respecto de las operaciones realizadas entre junio de 2020 y diciembre de 2022. La hipótesis del magistrado es que “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.
