Generales, oficiales y hasta la tropa no ocultan su disgusto con la intención gubernamental de empeñarlos en una lucha que en términos militares no es tal
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Es por demás sabido que en el presente no existe en las filas de las Fuerzas Armadas de la Nación ningún oficial, suboficial o soldado que hubiera estado activo en los años de la dictadura militar. El Brigadier General Xavier Isaac es el militar de más alto rango y antigüedad y detenta el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto. Egresó de la Escuela de Aviación Militar en diciembre de 1983, el resto de los casi 80 000 efectivos militares del país lo hicieron al menos 3 años después. Vale acotar que será este Brigadier quien por su rol actual será llegado el caso el primer responsable de cualquier consecuencia no deseada de un eventual despliegue militar en Rosario.
La introducción no es estéril ya que con el devenir de la democracia y sin solución de continuidad en los últimos 40 años la política se ocupó de dos cosas, la primera fue reducir el poder operativo real de las fuerzas en el entendimiento que si les quitaban medios se diluiría su rol de amenaza a la democracia. La segunda, resetear y formatear en todos los niveles de formación y capacitación la doctrina militar para que desde muy temprano los uniformados entendieran que “nunca jamás deberían empuñar las armas de la patria en contra de la sociedad”. En ambos cometidos la política fue exitosa.
Defensa Nacional y Seguridad Interior
El mandato político antes indicado fue ratificado formalmente con la aprobación en la década del 90 de las leyes de Seguridad Interior (24059) y de Defensa Nacional, las que definitivamente delimitaron el campo de acción de fuerzas policiales y militares.
Estas dos leyes, sin embargo, abren una puerta al eventual empeño de los militares en tareas propias de las fuerzas policiales. El artículo 27 de la ley de Seguridad Interior indica taxativamente que en determinadas condiciones las FFAA podrán aportar servicios logísticos de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte. También podrán aportar sus cuerpos de ingenieros y comunicaciones. “En la Rosario actual ciertamente no se necesitan ni arsenales, ni animales, ni construcciones ni comunicaciones. Lo que se pretende es inundar las calles de uniformados sea de la fuerza que fueran y poner vehículos del ejército a circular por las calles para infundir temor a los narcotraficantes. Esa claramente no es una tarea logística. Si quieren camiones se pueden enviar, pero no es con camiones como arreglarán el tema”, sostienen invariablemente los uniformados.
Asimismo, los jefes militares no dejan pasar por alto que a diferencia de lo que ocurre en otros escenarios internacionales, en Rosario no existe un enfrentamiento abierto entre delincuentes y policías, no se configura una situación en la que se perciban fuerzas policiales sobrepasadas operativamente e incluso con víctimas policiales en enfrentamientos. “Podremos poner 20 o 100 camiones, pero al sicario solitario que mata a un inocente en cualquier esquina no lo vamos a amedrentar”, remarcan.
Orden de cumplimiento imposible
Por estas horas la comunidad militar muestra más preocupación que enojo. Un alto jefe de las fuerzas armadas lo explicó ayer mismo de la siguiente forma. “El sistema de formación del personal militar en la actualidad no le otorga a oficiales o suboficiales la más mínima noción sobre métodos o procedimientos para desarrollar operaciones relacionadas con la seguridad interior. Nuestro entrenamiento y el armamento que utilizamos persigue el exterminio del enemigo no su apresamiento (salvo en caso de rendición). No hacemos inteligencia criminal y no estamos capacitados para usar fuerza moderada. Es más, hasta nuestros vehículos se comportan torpemente en un escenario citadino”, advierten.
“Existe un precepto militar fundamental que indica que una operación militar debe reunir tres condiciones para ser llevada adelante: aptitud, factibilidad y aceptabilidad (en la jerga militar se lo conoce como AFA). Resulta evidente que las FFAA del presente no podrían cumplir con este precepto básico en modo alguno”, insisten.
“Inundar las calles de militares implica severos riesgos. ¿Qué pasaría si un sicario la emprende contra un soldado y pone en riesgo su vida? Si cae bajo fuego del delincuente hemos sacrificado a un hombre o una mujer innecesariamente. Si repele con su armamento militar a un civil su futuro profesional y hasta su libertad se verán comprometidas”, resaltan.
