23/01/2026
Paul Starc renunció a la Unidad de Información Financiera en medio de tensiones por la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal de Luis Caputo, y Carlos Casares renunció a ENARGAS en medio de la unificación de entes reguladores. ¿Cuáles son las otras renuncias de las últimas horas?
El gobierno de Javier Milei atraviesa una seguidilla de renuncias que afectó a distintos organismos clave de la administración nacional. En el transcurso de apenas 24 horas, la cifra de salidas ascendió a cinco funcionarios, varios de ellos envueltos en polémicas, tensiones internas o conflictos con las máximas autoridades económicas.
La dimisión más resonante fue la de Paul Starc, quien presentó su renuncia como titular de la Unidad de Información Financiera tras apenas un año en el cargo.
La decisión se formalizó después de que el propio Starc convocara a los directores que él mismo había designado y les solicitara sus dimisiones, una escena inusual que anticipó el desenlace de una gestión marcada por conflictos internos.
Crisis en la UIF por la Ley de Inocencia Fiscal
El trasfondo de la crisis involucra un enfrentamiento entre la conducción de la UIF y las máximas autoridades económicas. Es que Casa Rosada exigió a Starc que adecuara la normativa preventiva del organismo a los lineamientos de la flamante Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre como parte del paquete de reformas impulsado por Milei.
El titular del organismo antilavado habría rechazado ese pedido, generando fricciones con el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, quienes lo acusaban de demorar la adecuación de las normas antilavado necesarias para que los ahorristas pudieran retirar dólares del mercado informal.
Desde la UIF explicaron que la ley de inocencia fiscal entra en conflicto con la ley de lavado vigente, lo que colocaba a Starc en una situación delicada: modificar las resoluciones podría ser inconstitucional y, además, expondría a Argentina ante el escrutinio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Casares renuncia a Enargas con críticas al Gobierno
Otra de las salidas confirmadas fue la de Carlos Casares, quien presentó su renuncia indeclinable como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). A diferencia de otras dimisiones, Casares expresó públicamente su malestar con el Gobierno en su carta de renuncia.
El ingeniero manifestó su sorpresa al no ser convocado para integrar el directorio del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), organismo que absorberá las funciones del Enargas y el ENRE a partir del 1° de marzo de 2026.
Casares se había presentado al concurso público de antecedentes para continuar en la gestión unificada, pero quedó marginado de la propuesta final elevada por el Ejecutivo. En su carta, fue tajante al explicar su decisión: “Entiendo que no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza. El Gobierno me considera prescindible“, escribió.
Casares también expresó que era su voluntad “continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales”.
Con esta renuncia, el Enargas queda en una situación de transición crítica justo cuando se definen los nuevos cuadros tarifarios de invierno.
La dimisión de Casares cierra un ciclo de dos años de intervención técnica y abre paso a una conducción que, según fuentes de la Casa Rosada, tendrá un enfoque más volcado a la unificación administrativa y la reducción de subsidios proyectada para el resto de 2026.
Cambios en Trenes Argentinos: dos presidentes renuncian
La ola de salidas también alcanzó al sector ferroviario. La Secretaría de Transporte informó cambios en Trenes Argentinos con la renuncia de dos directivos clave y la designación de nuevas autoridades.
Gerardo Boschín (presidente de Trenes Argentinos Operaciones) y Leonardo Comperatore (presidente de Trenes Argentinos Infraestructura) presentaron sus dimisiones. En su lugar asumirán Sebastián Giorgetti y Fabián González, respectivamente.
Giorgetti, quien controlará la empresa responsable de la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros, cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector. Aparentemente, tras las desastrosas gestiones de los funcionarios anteriores, el gobierno optó por buscar un perfil más técnico para el puesto.
Inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y desde 2005 ocupó diversos cargos de coordinación, administración y alta dirección, desempeñándose en los últimos años como Gerente General Operativo y Administrativo.
Por su parte, González manejará la empresa encargada de la administración y construcción de la infraestructura ferroviaria del país. Es abogado con experiencia en empresas ferroviarias del Estado y forma parte del directorio de Trenes Argentinos Infraestructura desde abril de 2025.
También cuenta con experiencia previa en el ámbito judicial: fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Un escándalo de corrupción aceleró la salida de Pierrini
Días antes de esta seguidilla de salidas, el Gobierno ya había activado cambios en la Secretaría de Transporte para aminorar el impacto de un posible escándalo por corrupción dentro de la gestión libertaria.
La renuncia forzada del titular de la secretaría, Luis Pierrini, se produjo a horas de conocida la denuncia de un grupo de empresas de colectivos por el reparto de subsidios en favor del grupo “La Nueva Metropol”.
La presunta maniobra de la empresa señalada consistiría en la entrega de boletos de mayor recorrido y valor para viajes cortos, lo que duplicaba el monto a recibir en materia de subsidios.
Se habla de un desfalco por 30.000 millones de pesos en 2025. Los denunciantes llevaron el caso a Pierrini, quien no activó medidas, algo que ofuscó a las autoridades del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo.
La reacción inmediata fue la salida de Pierrini, quien alegó “cuestiones personales” para justificar su alejamiento. En su lugar ingresó Fernando Herrmann, un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, sin antecedentes en el área.
“La ley de lavado choca con inocencia fiscal y no le da potestades a la UIF de regular, entonces se juega la cabeza sacando normativa contraria y se expone al ojo de GAFI”, señalaron fuentes del organismo.
En octubre del año pasado, Argentina estuvo cerca de caer en la lista gris del GAFI y, aunque logró evitarlo, quedó bajo un régimen de “seguimiento” que obliga al país a mejorar una serie de aspectos en materia de prevención de lavado de dinero.
Con un plenario del GAFI programado para febrero, donde se evaluará el caso argentino, funcionarios de la UIF advirtieron que será “muy difícil defender la posición argentina” en ese contexto.
Las tensiones entre Starc y las autoridades económicas no eran nuevas. Habían comenzado en julio del año pasado, cuando el titular de la UIF se mostró reacio a seguir ciertos lineamientos bajados desde el Ministerio de Economía.
La crisis se profundizó a principios de enero, cuando Starc viajó a Estados Unidos para mantener reuniones con autoridades del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), el organismo del Tesoro estadounidense especializado en prevención de delitos financieros. Uno de los temas centrales en agenda fue el caso AFA.
La gestión de Starc había sido atípica desde el inicio. Aunque su designación fue anunciada a principios de 2025, recién se formalizó en abril. Esa misma semana, el Gobierno publicó el decreto 274/2025, que desactivó el rol de la UIF como querellante en causas de lavado y corrupción, quitándole una de sus principales herramientas de intervención judicial.
Durante su paso por el organismo, Starc mantuvo un perfil prácticamente invisible: no concretó nombramientos clave, no impulsó líneas de acción claras y la UIF quedó en una parálisis operativa que derivó en un vacío de poder. De hecho, la conducción efectiva estuvo a cargo de su vice, Santiago González Rodríguez.
Cabe recordar que desde 2025, la UIF forma parte de la Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina, creada por el DNU que reformó la SIDE. El nuevo esquema agrupa bajo una misma órbita a los principales organismos con capacidad de vigilancia y análisis estratégico del Estado, lo que convierte a la UIF en una pieza clave de la disputa por el control de la información.
Según el comunicado oficial del Ministerio de Justicia, Starc dejó el puesto por “razones personales” y continuará colaborando con el Gobierno en “nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”.
Sin embargo, fuentes cercanas al organismo revelaron que detrás de la salida existieron presiones políticas relacionadas con la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal. Sea como fuere, la renuncia de Starc arrastró a todo su equipo.
Además del titular, abandonaron el organismo Eduardo De Biase (subdirector de litigios penales), Eduardo Nazareno Muñoz (director de Coordinación Internacional), Martín Montero (director de Análisis) y los directores de despacho y de administración.
Su reemplazante será Ernesto Gaspari, un economista con trayectoria en el sector público y privado que se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en Cancillería. Gaspari también fue director de finanzas y control del Grupo Macri.
El Gobierno lo presenta como un profesional con experiencia en finanzas y administración, pero su llegada tiene también una dimensión política: es un funcionario con vínculos en el núcleo más cerrado del poder libertario.
